La presente investigación realiza un análisis y revisión a las leyes que regulan la libertad de expresión y pensamiento. La libertad de pensamiento y expresión es un derecho fundamental de toda persona, de la que surgen otras libertades como la de comunicación y prensa son derechos consagrados en el Art. 19 redactado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), y el Art. 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto de San José, (Organización de Estados Americanos, (1969) (OAS, 1969) como tal han sido plasmados en las constituciones y cuerpos legales de muchos países, incluidos el Ecuador (Bravo, 2023).
Estos derechos tienen su origen histórico, en las actividades propias del ser humano y su necesidad de pensar y expresar sus ideas ante los demás (ya lo hacían los griegos y romanos en asambleas públicas), luego surgen nuevos inventos para la comunicación y actualmente con las nuevas tecnologías surgió la posibilidad de hacerlo mediante medios masivos que lo pongan a conocimiento de todo el público ( prensa escrita, radial , televisiva, internet), teniendo en cuenta que el expositor debe asumir la responsabilidad por sus declaraciones; así como también, las implicaciones derivadas de ésta. La libertad implica ausencia de barreras y obstáculos, pero también se traduce en autodeterminación de la persona para controlar su propio destino (Castro-Montero, 2017).
El derecho a la libertad de pensamiento y expresión lo encontramos presente en la vida de las sociedades, sin embargo, cuando la sociedad contempla varios estratos sociales, esta participación puede verse mermada en algunos de ellos. Existe un vínculo directo entre la Democracia y la libertad de pensamiento, que se ven reconocidas en el sufragio activo y pasivo, vinculados estrechamente con el “poder de decisión y elección política” (Matsushita, 2014). Siendo este proceso democrático uno de los más altos símbolos, donde se da garantía a sectores minoritarios con su voto (García, 2020).
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